El Gobierno nacional otorgó a la provincia de
Córdoba un anticipo financiero de hasta
$400.000 millones para atender necesidades transitorias de caja y afrontar
compromisos presupuestarios y amortización de deudas, según el Decreto
584/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida dispone que la asistencia será
canalizada a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía,
que definirá el monto efectivo a desembolsar de acuerdo con la capacidad de
repago de la provincia y su participación en la recaudación de tributos
nacionales.
El decreto establece que los fondos deberán ser
reintegrados durante el Ejercicio Fiscal 2026 mediante retenciones automáticas
sobre los recursos de coparticipación federal y otros fondos coparticipables
sin afectación específica.
El anticipo devengará una Tasa Fija Nominal
Anual del 15%, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el momento del
desembolso hasta la devolución efectiva.
La administración de Martín Llaryora deberá autorizar a la Secretaría de Hacienda a
realizar las retenciones automáticas necesarias para cancelar el capital
anticipado y los intereses correspondientes, conforme a lo establecido por la
Ley de Coparticipación Federal.
La norma también faculta al Ministerio de
Economía a fijar el cronograma de desembolsos, las condiciones de cancelación y
a suscribir los acuerdos necesarios con la provincia para instrumentar la
operación.
Urgencia
El decreto fundamenta la decisión en que
Córdoba atraviesa una situación transitoria que le impide atender los
compromisos financieros más urgentes derivados de la ejecución de su
presupuesto y de la amortización de deudas.
La asistencia se apoya en el artículo 124 de la
Ley 11.672, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos
financieros a las provincias a cuenta de su participación en la distribución de
impuestos nacionales.
La normativa recuerda, además, que durante este
año el Gobierno implementó mecanismos similares para otras jurisdicciones.
Entre ellas figuran Entre Ríos, que recibió inicialmente un anticipo de hasta
$220.000 millones, y, posteriormente, Santa Fe y Jujuy, incorporadas al régimen
de anticipos de hasta $400.000 millones.
Finalmente, el decreto dispone que la
Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de
fondos de la Tesorería General de la Nación, mientras que la Secretaría de
Hacienda tendrá a su cargo la ejecución y el seguimiento del mecanismo de
devolución.
